El exministro de la Defensa y de Seguridad David Munguía Payés y el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) fueron acusados formalmente este domingo por supuestamente favorecer a las principales pandillas del país en el marco de un pacto que se dio entre el 2012 y el 2014 para bajar la cifra de homicidios.
Representantes de la Fiscalía General de la República (FGR) presentaron el requerimiento ante el Juzgado Especializado de Instrucción C de San Salvador, según lo informó el Ministerio Público.
La fiscal Carolina Cabrera explicó a periodistas que Munguía Payés fue acusado de los delitos de agrupaciones ilícitas, imcumplimiento de deberes y actos arbitrarios. Mientras que Funes, quien en estos momentos es un imputado ausente porque se encuentra en Nicaragua, enfrentará a la justicia por agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes.
"En el caso del (ex)presidente Funes, por ser una persona que está fuera del país, existe un procedimiento de ley para que se puede requerir a esta persona y girar una orden de captura correspondiente por parte de la autoridades judiciales", explicó la jurista.
Cabrera señaló que la Fiscalía ha establecido que "para poder obtener una mejor imagen y reducción de homicidios deciden (Funes y Munguía Payés) pactar, negociar con los principales lideres de estas organizaciones terroristas".
Apuntó que los miembros de estas estructuras recibieron "beneficios penitenciarios, se hicieron traslados a centros de menor seguridad, lo cual facilitó (aparentemente) la reducción de homicidios, pero significó un alza en delitos como la desaparición de personas y la extorsión".
El Ministerio Público solicita la detención provisional para ambos exfuncionarios.
Munguía Payés, arrestado la noche del 23 de julio, fue el primer funcionario salvadoreño en admitir públicamente que la tregua, entre las pandillas Mara Salvatrucha (MS13), el Barrio 18 y otras minoritarias, fue una política estatal que además tuvo el "respaldo" de la Organización de Estados Americanos (OEA), entonces bajo el liderazgo del chileno José Miguel Insulza.
En febrero de 2015, el ya expresidente Funes justificó el acompañamiento de su Gobierno a la tregua porque durante la misma el promedio mensual de muertes violentas en El Salvador pasó de 340 a 160, y el registro diario de asesinatos bajó de 15 a 5.
A este armisticio se le atribuye una sensible baja en las cifras de homicidios en los años que estuvo en pie, pero tras su fin el país experimentó alzas sostenidas de muertes violentas hasta contabilizar 103 por cada 100.000 habitantes en 2015.
Por esta tregua fueron enjuiciados en dos ocasiones varias personas, señaladas de ser los operadores del pacto, que en un primer momento fueron exoneradas de los cargos.
Posteriormente, ante la resolución de una corte de apelaciones que ordenó repetir el juicio en marzo de 2019, fueron condenados algunos funcionarios a penas leves y excarcelables.
El Juzgado Especializado de Sentencia A de San Salvador impuso tres años a Nelson Rauda, exdirector del sistema penitenciario (2012-2013), y Anilber Rodríguez, exinspector de las prisiones, por el delito de actos arbitrarios.
Mientras que los exdirectores de cárceles Félix Ruiz, Rigoberto Palacio, Juan Zepeda, José Abarca y Miguel Ángel Abarca recibieron dos años por el delito de incumplimiento deberes.
En al menos tres ocasiones, jueces antimafia llamaron a la Fiscalía a investigar a Funes y Munguía Payés por su participación en la referida tregua.
