La ciudadanía por derecho de nacimiento es un derecho legal en el que se otorga la nacionalidad de un país a las personas que nacen en él.
WASHINGTON — La Corte Suprema anunció el jueves que escuchará argumentos orales el próximo mes sobre si la administración de Donald Trump puede tomar medidas para hacer cumplir su polémica propuesta de eliminar la ciudadanía automática por derecho de nacimiento mientras continúa el litigio.
En una breve orden, la corte aplazó la acción sobre una solicitud de emergencia presentada por el gobierno de Trump para limitar el alcance de los mandatos judiciales a nivel nacional.
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MIRA AQUÍ GRATIS Por ahora, esta política permanece bloqueada en todo el país.
La corte, cuando escuche los argumentos el 15 de mayo, considerará si los jueces se extralimitaron en su autoridad al emitir mandatos judiciales a nivel nacional.
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SUSCRÍBETE La solicitud de emergencia de Trump no aborda los méritos legales del plan, sino únicamente si los jueces tenían la autoridad para suspenderlo en todo el país. El presidente Donald Trump y sus aliados de MAGA han criticado duramente a los jueces que han bloqueado aspectos de su agenda, aunque no es nuevo que los tribunales impongan mandatos judiciales a nivel nacional. Desde hace tiempo se acepta ampliamente, incluso por juristas de izquierdas y derechas, que la Decimocuarta Enmienda de la Constitución otorga la ciudadanía automática a casi cualquier persona nacida en Estados Unidos.
“Todas las personas nacidas o naturalizadas en Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanos de Estados Unidos”, establece la enmienda. Según la práctica histórica, la única excepción son los hijos de diplomáticos.
Trump pretende adoptar un significado completamente nuevo del lenguaje que otorgaría la ciudadanía solo a quienes tengan al menos un progenitor ciudadano o residente permanente estadounidense.
La orden ejecutiva de Trump, emitida en su primer día de mandato en enero, fue impugnada de inmediato, y todos los tribunales que se han pronunciado sobre la propuesta hasta la fecha la han bloqueado. Se presentaron casos ante la Corte Suprema en Maryland, Massachusetts y el estado de Washington.
En documentos judiciales, la Procuradora General en funciones, Sarah Harris, afirmó que los jueces no tenían la autoridad para emitir mandatos judiciales a nivel nacional y que los estados que demandaron carecían de legitimación activa.
El plan de Trump cuenta con el respaldo de otros 21 estados.
Este artículo fue publicado originalmente en inglés por NBC News. Para más de NBC News, entra aquí.
