Un tribunal federal de apelaciones emitió un fallo el martes por la noche que impedirá que Texas aplique su controvertida política antimigratoria, la ley SB4.
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de los Estados Unidos falló 2-1 para denegar una moción del Estado de Texas para suspender la decisión sobre si puede hacer cumplir la SB4.
Según esta controversial ley, la policía estatal y local tiene derecho a interrogar, arrestar y acusar a inmigrantes indocumentados sospechosos de cruzar la frontera ilegalmente. Además, la ley exigiría que los jueces estatales deporten a las personas a México tras ser condenadas, independientemente de su nacionalidad.
La Administración Biden demandó al estado de Texas poco después de que el gobernador Greg Abbott promulgara la SB4 en diciembre. Sostiene que la ley es una extralimitación y entra en conflicto con la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración.
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"Permitir que Texas detenga a no ciudadanos sin ningún aporte del gobierno federal sobre si se justifica un arresto en un caso particular… permitiría al estado lograr su propia política de inmigración", señaló el Tribunal de Apelaciones.
El dictamen continúa:
“Las disposiciones de deportación de Texas entrarán en conflicto significativamente con la autoridad de Estados Unidos para seleccionar el país al que serán deportados los no ciudadanos. Un gran número de no ciudadanos que cruzaron a Texas desde México no son ciudadanos ni residentes de México. Sin embargo, según la ley de Texas, serían expulsados a México. Estados Unidos no tendría voz en el asunto".
A principios de este mes, los planes de Texas quedaron nuevamente en suspenso después de generar incertidumbre a lo largo de la frontera y la ira de México estalló durante unas breves horas porque se permitió que la ley entrara en vigor.
Una orden de un panel de la Corte de Apelaciones emitida a altas horas de la noche del 19 de marzo puso temporalmente en suspenso la SB4, nuevamente. Horas antes, la Corte Suprema de Estados Unidos había allanado el camino para una estricta ley de inmigración, otorgando una victoria al gobernador republicano Greg Abbott y alentando a los legisladores republicanos en otros estados que están presionando por medidas similares.
Pero más tarde, en una orden de 2-1, un panel de la corte de apelaciones continuó el vaivén legal en torno a la ley de Texas, poniéndola nuevamente en pausa antes de los argumentos orales que estaban programados para el 20 de marzo.
Durante el breve tiempo que la ley estuvo en vigor el martes, las autoridades de Texas no anunciaron que se habían realizado arrestos ni dijeron si se estaba aplicando activamente. A lo largo de la frontera en el condado de Kinney, el Alguacil Brad Coe aceptó los poderes de arresto pero dijo que los agentes necesitarían una causa probable.
"Es poco probable que los observadores vean un cambio de la noche a la mañana", dijo Coe, cuyo condado cubre un tramo de frontera cerca de Del Río que hasta hace poco había sido el corredor más transitado para cruces ilegales, pero que se ha calmado considerablemente.
Los arrestos por cruces ilegales cayeron a la mitad en enero desde un récord de 250,000 en diciembre, con fuertes caídas en Texas. Los arrestos en el sector de Del Río de la Patrulla Fronteriza, el foco de la aplicación de la ley por parte de Abbott, cayeron un 76% desde diciembre. El Valle del Río Grande, el corredor más transitado para cruces ilegales durante gran parte de la última década, registró la menor cantidad de arrestos desde junio de 2020.
Tucson, Arizona, ha sido el corredor más transitado en los últimos meses, seguido por San Diego en enero, pero las razones de los cambios repentinos a menudo son complicadas y están dictadas por organizaciones de contrabando.
Cuando el presidente Joe Biden visitó el Valle del Río Grande en su segundo viaje a la frontera como presidente el mes pasado, los funcionarios de la administración le dieron crédito a México por el aumento de la aplicación de la ley en esa parte de la frontera por la disminución de los arrestos. Dijeron que las condiciones eran más desafiantes para las autoridades mexicanas en Sonora, el estado que se encuentra al sur de Arizona.