Abogados de oficio dijeron el martes que no han podido localizar a los padres de 545 menores que fueron separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México al inicio de la presidencia de Donald Trump.
Las separaciones ocurrieron entre el 1 de julio de 2017 y el 26 de junio de 2018, cuando una juez federal en San Diego ordenó que los niños bajo custodia gubernamental regresasen con sus padres.
Los menores afectados por las separaciones en ese periodo son difíciles de encontrar porque el gobierno tenía sistemas de seguimiento inadecuados. Voluntarios los han estado buscando tanto a ellos como a sus padres puerta a puerta en Guatemala y Honduras.
Más de 2,700 menores fueron separados de sus familias en junio de 2018, cuando la juez de distrito de Estados Unidos Dana Sabraw ordenó el final de la práctica incluida en la política de “tolerancia cero” para procesar penalmente a todos los adultos que entrasen al país de forma ilegal desde México. El gobierno desató un protesta internacional cuando los padres no pudieron encontrar a sus hijos.
Aunque esas familias se reunieron por orden judicial, las autoridades descubrieron más tarde que hasta 1,556 menores se vieron afectados por esta práctica desde el verano de 2017, incluyendo cientos en una primera fase de separaciones en El Paso, Texas, desde julio a noviembre de 2017, de la que no se tenía constancia pública en ese momento.
La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que denunció esta política ante los tribunales, dijo que un comité designado por la corte había encontrado a los padres de 485 menores, 47 más que en agosto. Esto deja a 545 sin localizar de entre los 1,030 de los que el comité tenía números de teléfono de las autoridades estadounidenses.
Se cree que alrededor de dos tercios de los padres de esos 545 menores están de vuelta en sus países, apuntó ACLU.
Los voluntarios se han “embarcado en largas y arduas búsquedas de los padres sobre el terreno en sus respectivos países de origen”, afirmó ACLU en un documento judicial. Esas operaciones se suspendieron al inicio de la pandemia del coronavirus pero se han reanudado de forma limitada.
El comité promovió también líneas telefónicas gratuitas en español para contactar con las familias.
La juez programó una vista el jueves para discutir el estatus de los esfuerzos de reunificación.
