El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, acordó el lunes suspender el plazo de medianoche que le había impuesto al gobierno de Trump para devolver a un hombre de Maryland deportado por error a una prisión de mala reputación en El Salvador.
El Departamento de Justicia argumentó en una apelación de emergencia ante la Corte Suprema que la jueza federal de distrito Paula Xinis se extralimitó en su autoridad al ordenar el regreso de Kilmar Abrego García a Estados Unidos.
El máximo tribunal solicitó a los abogados de Abrego García que respondieran antes de las 5 p. m. del martes.
La solicitud del Departamento de Justicia se produjo cuando la Corte de Apelaciones del 4to Circuito denegó el lunes por la mañana la solicitud del gobierno de Trump de suspender la orden de un juez que exigía que Kilmar Abrego García — un residente legal protegido de la deportación por una orden judicial de 2019 que ha vivido en Estados Unidos desde 2011 — fuera devuelto al país antes de las 11:59 p.m. del lunes.
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El viernes, Xinis dio al gobierno hasta poco antes de la medianoche del lunes para "facilitar y hacer efectivo" el regreso de Abrego García.
"La orden judicial del tribunal de distrito, que exige la liberación de Abrego García de la custodia de un soberano extranjero y su regreso a Estados Unidos antes de la medianoche del lunes, es manifiestamente ilegal", escribió el Procurador General D. John Sauer en documentos judiciales, presentando la orden como una más de "una avalancha de órdenes judiciales ilegales" que los jueces han emitido para frenar la agenda del presidente Donald Trump.
También el lunes, el Tribunal de Apelaciones del Cuarto Circuito de Estados Unidos falló a favor de Kilmar y denegó la solicitud de suspensión del gobierno.
Inmigración al día
“El gobierno de Estados Unidos no tiene autoridad legal para secuestrar a una persona que se encuentra legalmente en el país y expulsarla del país sin el debido proceso”, declara el fallo del panel de tres jueces. “La afirmación contraria del gobierno y su argumento de que los tribunales federales son incapaces de intervenir son inadmisibles”.
Ábrego García había sido deportado el 15 de marzo en lo que el gobierno de Trump describió como un "error administrativo."
El sábado, el Departamento de Justicia solicitó a la Corte de Apelaciones del 4º Circuito que suspendiera la orden y pidió a Xinis que suspendiera su propia decisión mientras se tramitaban los recursos.
Ella negó esa solicitud el domingo. En una breve presentación el lunes por la mañana, la Corte de Apelaciones del 4to Circuito negó la solicitud del gobierno de suspender su orden mientras las apelaciones están en curso.
En su presentación ante la Corte Suprema, el gobierno de Trump dijo: "Esta orden — y su exigencia de llevar a cabo negociaciones extranjeras sensibles post-haste y efectuar el regreso de Abrego García esta noche - no tiene precedentes y es indefendible."
El gobierno de Trump argumentó que la fecha límite de la medianoche del lunes es "arbitraria" e "imposible". "Las negociaciones de EEUU con un soberano extranjero no deben ponerse en un reloj judicialmente ordenado, y menos cuando están en juego asuntos de terrorismo extranjero y seguridad nacional", alegó la presentación. "Es el último de una letanía de mandatos judiciales u órdenes de restricción temporal del mismo puñado de tribunales de distrito que exigen un cumplimiento inmediato o casi inmediato, en plazos absurdamente cortos".
John Sauer, que fue confirmado como procurador general de EEUU la semana pasada, escribió: "El tribunal de distrito no tiene jurisdicción sobre el gobierno de El Salvador y, por tanto, no tiene autoridad para ordenar el regreso de Ábrego García a EEUU."
El gobierno de Trump ha afirmado que Abrego García es un miembro de la pandilla MS-13, pero su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, disputó esas afirmaciones. Dijo que Ábrego García llegó a EEUU en 2011 huyendo de la violencia armada, y que los pandilleros amenazaron con matarlo en un intento de extorsionar a sus padres. El abogado también señaló que Abrego García no tiene antecedentes penales en EEUU ni en El Salvador.
Xinis rechazó ese esfuerzo de suspensión el domingo, escribiendo que la detención de Ábrego García por parte del gobierno era "totalmente ilegal."
"Los demandados se apoderaron de Abrego García sin ninguna autoridad legal; lo mantuvieron en tres centros de detención nacionales separados sin base legal; no lo presentaron a ningún juez o funcionario de inmigración; y lo transportaron por la fuerza a El Salvador en contravención directa de la INA", escribió Xinis en su orden. "Una vez allí, los funcionarios estadounidenses aseguraron su detención en una instalación que, por diseño, priva a sus detenidos de alimentos adecuados, agua y refugio, fomenta la violencia rutinaria; y lo coloca con sus perseguidores".
La fiscal general Pam Bondi defendió la expulsión de Ábrego García.
"ICE ha testificado, miembros de ICE, que él es un miembro de la pandilla MS-13", dijo en Fox News Sunday. "Tenemos que confiar en lo que dice el ICE. Tenemos que confiar en lo que dice Seguridad Nacional. Son nuestros clientes, y creo firmemente en el trabajo que están haciendo, y vamos a hacer que EEUU vuelva a ser seguro. Esa fue la directiva del presidente Trump para todos nosotros".
Sandoval-Moshenberg dijo a NBC News el domingo que el Departamento de Justicia no estaba actuando de buena fe. Dijo que hasta el domingo por la noche, no había escuchado que el gobierno estuviera haciendo los arreglos de viaje para el regreso de Abrego García.
"Si estuvieran operando de buena fe, inmediatamente, al darse cuenta de que cometieron este error, al menos habrían puesto en marcha las ruedas para tratar de solicitar su regreso", dijo. "El tribunal no ordenó a El Salvador que hiciera nada. El tribunal ordenó al gobierno de EEUU que hiciera algo, es decir, que levantara el teléfono y le dijera a El Salvador que nos lo devolviera."
Esta nota fue publicada por Marlene Lenthang y Gary Grumbach para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.
