A pesar de la promesa de eliminar la regla de carga pública implementada por Donald Trump, esta controversial regla continúa vigente y los inmigrantes de planean solicitar un proceso migratorio deben de tener esto bajo consideración.
WASHINGTON - La Corte Suprema de Justicia aceptó este lunes escuchar un caso sobre la legalidad de los cambios hechos por el gobierno de Donald Trump a la regla de carga pública, una norma que condiciona a algunos inmigrantes que buscan convertirse en residentes permanentes.
Varias cortes menores habían bloqueado la entrada en vigor de la nueva definición de “carga pública”, sin embargo, el gobierno de Trump apeló el caso, que ahora irá ante los magistrados del máximo tribunal.
En el 2019, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que expandiría la definición de “carga pública”.
Una norma del gobierno para inmigrantes que buscan obtener la “green card” es demostrar que no utilizarán de forma excesiva los beneficios de asistencia federal. Las autoridades migratorias pueden negar una petición de residencia permanente si piensan que el solicitante dependerá del gobierno para sus ingresos y no será autosuficiente.
Anteriormente, los oficiales de inmigración basaban su decisión en si el solicitante utilizaría o no beneficios monetarios del gobierno, pero el gobierno del expresidente Trump propuso expandir la definición para incluir a aquellas personas que, de convertirse en residentes permanentes, podrían utilizar otros beneficios no monetarios como el Medicaid, y asistencia alimentaria o de vivienda.
Bajo la modificación de Trump, cualquier persona que utilice esa ayuda no monetaria del gobierno federal durante 12 meses en un período de tres años sería vetada de poder obtener la residencia permanente.
Por otro lado, el presidente Joe Biden le ordenó a principios de febrero al Departamento de Seguridad Nacional revisar la regla de carga pública.
Se espera que Biden elimine por orden ejecutiva el mandato emitido por Trump sobre la carga pública.
