Según abogada de inmigración, Naimeh Salem, el litigio legal por este tema continuará.
HOUSTON – Un juez federal asestó este martes un duro golpe al gobierno del presidente Biden al prohibir la ejecución del memorando que buscaba frenar las deportaciones por 100 días.
El juez federal de distrito Drew Tipton emitió una orden de restricción temporal solicitada por el estado de Texas, que presentó una demanda el viernes contra el memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) que ordenaba a las agencias de inmigración que detuvieran la mayoría de las deportaciones.
La orden de Tipton es un golpe temprano para la administración de Biden, que ha propuesto cambios de gran alcance buscados por los defensores de la inmigración, incluido un plan para legalizar a unos 11 millones de inmigrantes que viven ilegalmente en Estados Unidos.
Biden había prometido durante su campaña detener la mayoría de las deportaciones durante los primeros 100 días de gobierno.
Por otro lado, es un triunfo para los líderes republicanos de Texas, que en el pasado fueron una piedra en el zapato para el gobierno del presidente Obama en temas de inmigración.
Esto también evidencia que así como los estados y grupos de inmigración liderados por los demócratas lucharon contra el expresidente Donald Trump en los tribunales, a menudo con éxito, también lo harán los republicanos con Biden en el cargo.
David Pekoske, el secretario interino de DHS, firmó un memorando el primer día de Biden en la Casa Blanca en el que ordenaba a las autoridades de inmigración que se centraran en la seguridad nacional y las amenazas a la seguridad pública, así como en cualquier persona detenida que ingresara ilegalmente a los Estados Unidos después del 1 de noviembre.
Eso fue un cambio de la política de la administración Trump que había convertido a cualquier persona en los Estados Unidos ilegalmente en una prioridad para la deportación.
La moratoria de 100 días entró en vigor el viernes y se aplicó a casi cualquier persona que ingresara a Estados Unidos sin autorización antes de noviembre.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, argumentó que la moratoria violaba la ley federal, así como un acuerdo que Texas firmó con el Departamento de Seguridad Nacional al final de la administración Trump.
Ese acuerdo requiere que Seguridad Nacional consultara con Texas y otros estados antes de tomar cualquier acción para "reducir, reorientar, cambiar las prioridades, relajar o modificar de alguna manera la aplicación de la ley de inmigración".
La administración de Biden argumentó en documentos judiciales que el acuerdo no se puede hacer cumplir porque "una administración saliente no puede ceder ese poder a una administración entrante".
Mientras tanto, la oficina de Paxton presentó un artículo de opinión de Fox News como evidencia de que "la negativa a expulsar a los extranjeros ilegales conduce directamente a la liberación inmediata de más extranjeros ilegales en Texas".
Paxton ha defendido causas conservadoras y de extrema derecha en los tribunales, incluida una demanda fallida que busca anular la victoria de Biden sobre Trump, mientras él mismo enfrenta una investigación del FBI por las acusaciones de los principales exvicefiscales de que abusó de su oficina al servicio de un donante.
