BROWNSVILLE, Texas— Debajo de un conjunto de carpas blancas en la frontera entre Estados Unidos y México en Brownsville, Texas, decenas de hombres venezolanos esperaban. Algunos se sentaron en los bordillos y otros se apoyaron en barricadas de metal. Cuando finalmente se abrieron las puertas, la larga fila de hombres desfiló lentamente por el sendero peatonal hasta el puente y cruzó el Río Grande hacia México.
En las últimas semanas, los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de EEUU han estado facilitando estas expulsiones tres veces al día, ya que aproximadamente 30,000 migrantes, en su mayoría de Venezuela, ingresaron a EEUU en esta región desde mediados de abril. Eso se compara con los 1,700 migrantes que agentes de la Patrulla Fronteriza encontraron en las dos primeras semanas de abril.
En el otro extremo del estado, en El Paso, las autoridades están lidiando con otra oleada de migrantes y temen que miles más estén esperando para cruzar.
A SOLO DÍAS PARA EL FIN DEL TÍTULO 42
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Todo esto ocurre cuando EEUU se prepara para el fin de una política vinculada a la pandemia de coronavirus que le permitió expulsar rápidamente a muchos migrantes, y pone de relieve las preocupaciones sobre si el fin de los límites de inmigración en virtud del Título 42 de una ley de salud pública de 1944 significar aún más migrantes tratando de cruzar la frontera sur.
“Llevamos bastante tiempo preparándonos y estamos listos. Lo que estamos esperando es de hecho un aumento repentino. Y lo que estamos haciendo es planificar para diferentes niveles de aumento”, dijo la semana pasada el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, durante una visita al sur de Texas. Pero también enfatizó que la situación en la frontera es “extremadamente desafiante”.
Habló desde un lugar en Brownsville donde los funcionarios estadounidenses habían instalado una carpa e instalaciones como baños portátiles para migrantes. Dijo que es difícil identificar la causa del reciente aumento de venezolanos, pero dijo que EEUU está trabajando con México para abordarlo y pronosticó un cambio “muy pronto”.
Muchos de los que cruzan la frontera entran por Brownsville, justo al norte de la ciudad fronteriza mexicana de Matamoros. La ciudad se vio sacudida por otra crisis el domingo cuando una camioneta atropelló a personas que esperaban en una parada de autobús frente al albergue para migrantes de la ciudad. Ocho personas, en su mayoría hombres de Venezuela, murieron.
Ricardo Márquez, un venezolano de 30 años, llegó a un albergue en McAllen luego de cruzar la frontera con su esposa y su hijo de 5 meses en Brownsville. Se fueron de Venezuela porque su hija necesita cirugía.
“Me enfrenté a la decisión de quedarme allí o arriesgarlo todo por mi hija”, dijo. Habían cruzado el Río Bravo después de pasar un mes en Matamoros tratando de obtener una cita a través de una aplicación que usa EEUU para programar citas para personas sin documentos para llegar a la frontera y buscar entrada.
Los funcionarios del gobierno del presidente Joe Biden dicen que se han estado preparando durante más de un año para el fin del Título 42. La estrategia se ha basado en proporcionar más vías legales para que los inmigrantes lleguen a los EEUU sin arriesgarse al peligroso viaje a la frontera.
Eso incluye cosas como la creación de centros en países extranjeros donde los inmigrantes pueden solicitar la emigración, así como un proceso de libertad condicional humanitaria que ya está en marcha con 30,000 espacios al mes para personas de cuatro países que vienen a los EEUU a partir del 12 de mayo, están ampliando las citas disponibles a través de la aplicación CBP One que Márquez intentó usar. Cuando se lanzó, muchos migrantes y defensores criticaron la aplicación, diciendo que tenía problemas tecnológicos y que simplemente no habían suficientes citas.
GRANDES CONSECUENCIAS: DEPORTACIONES Y PROHIBICIONES
La estrategia también tiene muchas consecuencias: EEUU propone una regla que limitaría severamente el asilo a los inmigrantes que viajan por primera vez a través de otro país, examinando rápidamente a los inmigrantes que buscan asilo en la frontera y deportando a los que se consideren no calificados, y una prohibición de reingreso de cinco años para los deportados.
Muchas de estas consecuencias han sido objeto de duras críticas por parte de grupos defensores de los derechos de los inmigrantes, que han ido tan lejos como para comparar las políticas con las del entonces presidente Donald Trump y afirmar que el derecho a solicitar asilo en suelo estadounidense es sacrosanto. Gran parte de la estrategia del gobierno de Biden también enfrenta peligros legales en las próximas semanas. Es casi seguro que la regla propuesta que limita el asilo será objeto de demandas. Y los estados de tendencia republicana quieren detener el uso de la libertad condicional humanitaria por parte del gobierno demócrata en una escala tan grande.
El mandato también ha estado aumentando los vuelos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para sacar a la gente del país, vuelos como el que despegó recientemente de un aeropuerto en Harlingen, Texas. Poco después del amanecer, tres autobuses se detuvieron junto a un avión. Uno por uno los migrantes bajaron del autobús. Llevaban esposas, ataduras en las piernas y mascarillas quirúrgicas. Primero fueron cacheados por contrabando y luego subieron lentamente las escaleras hasta el avión. En total, 133 migrantes fueron enviados de regreso a su país de origen, Guatemala.
Pero esos vuelos solo funcionan si los países los aceptan. Venezuela no. Y Colombia dice que suspenderá los vuelos de deportación debido al trato “cruel y degradante” de los migrantes.
Los funcionarios gubernamentales estadounidenses dicen que están utilizando tecnología para acelerar el procesamiento de los migrantes que cruzan la frontera sin documentación y utilizando el procesamiento móvil, para que puedan procesar a los migrantes mientras son transportados en autobús o camioneta, por ejemplo. Han presionado para digitalizar documentos que en algún momento fueron llenados a mano por la Patrulla Fronteriza. Y han reforzado la contratación de contratistas para que los agentes puedan permanecer en el campo.
Pero los críticos han criticado al gobierno, diciendo que no está haciendo lo suficiente. Kristen Sinema, una senadora estadounidense independiente de Arizona, dijo el domingo en "Face the Nation" de CBS que el gobierno no se estaba comunicando con los funcionarios locales sobre cosas como qué tipo de oleada esperar o si habría autobuses disponibles para transportar a los migrantes. Y dijo que la decisión de enviar 1,500 soldados a la frontera llegó demasiado tarde.
En las comunidades fronterizas con México, funcionarios y grupos comunitarios que atienden a los migrantes recién llegados están preocupados por lo que significa el fin del Título 42. La hermana Norma Pimentel dirige el Centro de Respiro Humanitario de Caridades Católicas, el refugio más grande del sur de Texas.
El albergue funciona principalmente como un centro de recursos donde los migrantes pueden comprar boletos, hacer llamadas, comer y descansar antes de viajar a su próximo destino, donde a menudo tienen familiares u otros contactos. Pero, dijo Pimentel, muchos de los venezolanos en este último aumento no tienen conexiones en los EEUU, lo que les dificulta mudarse al próximo destino. “Eso se convierte en un problema para nosotros”, dijo.
El gobierno federal da dinero a las comunidades para ayudarlas a lidiar con el aumento de inmigrantes. El viernes, el gobierno anunció que se habían desembolsado $332 millones a 35 gobiernos locales y organizaciones de servicios. La mayoría va a comunidades cercanas a la frontera “por las urgencias que están enfrentando”, pero las ciudades alejadas de la frontera también reciben fondos.
En la ciudad fronteriza de El Paso, Texas, cerca de 2200 migrantes acampan o viven en las calles a pocas cuadras de los principales puertos de entrada que conectan a El Paso con la ciudad mexicana de Juárez. La ciudad está preparada para abrir refugios la próxima semana si es necesario en dos edificios escolares vacíos y un centro cívico.
El alcalde de El Paso, Oscar Leeser, estimó que aproximadamente entre 10,000 y 12,000 migrantes están en Juárez esperando para cruzar, mientras los funcionarios locales se preparan para lo “desconocido”. Leeser dijo que los inmigrantes acuden en masa a la frontera bajo la falsa suposición de que será más fácil ingresar a los EEUU cuando el Título 42 desaparezca, pero para muchos podría haber consecuencias más duras.
Es un mensaje que los funcionarios federales han estado repitiendo. Pero están compitiendo contra una poderosa red de contrabando de personas que facilita la migración del norte y la desesperación de los migrantes que sienten que no tienen otra opción.
En el puerto de entrada de Brownsville, los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. dicen que han realizado simulacros para prepararse en caso de que haya una oleada de inmigrantes que intenten cruzar y necesiten cerrar el puente. Los peatones cruzan desde Matamoros usando una pasarela cubierta que solo puede acomodar a unas pocas personas. Preocupados por el impacto de las largas filas de migrantes que llegan al puerto después del 11 de mayo sin una cita y que afectan las operaciones portuarias, piden a las personas que programen citas a través de CBP One.
