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WASHINGTON —Mientras cumple sus primeros 100 días en el cargo, el énfasis del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en controlar la pandemia del coronavirus parece haber dado resultado: Ha cumplido casi todas sus promesas de campaña relacionadas con el virus.
Biden ha cumplido varios de sus principales compromisos de campaña sobre cambio climático y economía.
Pero algunas cuestiones han resultado más difíciles para su gobierno, como la inmigración, donde Biden trata de encontrar la forma de conseguir las reformas prometidas ante un brusco aumento de los menores no acompañados que intentan cruzar la frontera. Algunos de sus objetivos requieren acciones del Congreso.
BIDEN HA ENFRENTADO RETOS PARA CUMPLIR SUS PROMESAS MIGRATORIAS
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A continuación, cómo marchan algunas de las principales promesas de Biden:
INMIGRACIÓN
— Elevar el límite de refugiados a 125.000, por encima de la cifra de 15,000 fijada por el expresidente Donald Trump.
La Casa Blanca
No está ni siquiera cerca. La Casa Blanca primero dijo que mantendría el límite de 15,000 de Trump debido a “preocupaciones humanitarias”.
Tras protestas de los demócratas, el gobierno cambió de parecer y dijo que Biden aumentaría el límite récord fijado por Trump, aunque probablemente no hasta los 62,500 previstos antes.
Es probable que el número de personas admitidas este año esté más cerca de 15,000.
— Enviar recursos humanitarios a la frontera y fomentar colaboraciones público-privadas para gestionar el aumento de migración en la zona.
Sí, pero, ¿es suficiente? El Departamento de Seguridad Nacional ha desplegado a la Agencia Federal de Gestión de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) para ayudar a gestionar la crisis por el aumento de llegadas a las frontera, y Biden firmó un decreto pidiendo a los funcionarios que prepararan planes para utilizar recursos humanitarios.
Aún no ha establecido nuevas colaboraciones público-privadas.
El mayor número de menores no acompañados jamás registrado en la frontera abarrotó los centros de Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus iniciales en inglés) y provocó una búsqueda apresurada de alojamientos temporales en centros de convenciones, bases militares y otras grandes instalaciones.
— Reformar el sistema de asilo de Estados Unidos.
Incompleto. Biden firmó un decreto en febrero ordenando a sus funcionarios que diseñaran una estrategia de inmigración que incluyera a refugiados y solicitantes de asilo. Biden ha prometido presentar un nuevo sistema “humano” de asilo, pero ni él ni su equipo han dado plazos ni detalles concretos.
Ha eliminado algunas medidas introducidas por su predecesor, como un requisito de que los nuevos solicitantes de asilo esperen en México.
Pero ha mantenido la polémica política de la era de Trump que permite al CBP expulsar a inmigrantes irregulares para evitar contagios de COVID-19. Biden tampoco ha presentado un plan para gestionar los flujos migratorios, más allá de proponer que se inviertan miles de millones de dólares en corregir las causas de la emigración en Centroamérica.
— Presentar una amplia ley de reforma migratoria ante el Congreso en sus primeros 100 días.
Hecho.
— Poner fin a las restricciones a viajar a personas de varios países de mayoría musulmana.
Hecho.
— Revocar los amplios criterios de deportación de inmigrantes empleados durante el mandato de Trump y volver al principio empleado por Barack Obama de priorizar las deportaciones de inmigrantes que suponen un riesgo de seguridad nacional, seguridad de fronteras o salud pública.
Hecho.
— Detener el financiamiento y la construcción del muro fronterizo.
Hecho.
— Revocar la norma de Trump que penalizaba a los inmigrantes por solicitar prestaciones públicas.
Hecho.
— Reinstaurar el principio de la era Obama de deportar a extranjeros considerados como una amenaza para la seguridad nacional o que hubieran cometido delitos aparte de la entrada ilegal en Estados Unidos.
Hecho.
— Paralizar las deportaciones durante 100 días.
Intentado, pero bloqueado en tribunales.
— Agilizar y mejorar el proceso de naturalización para las personas con permiso de residencia.
En proceso. Biden firmó un decreto en febrero ordenando un plan para mejorar el proceso de naturalización, y el Departamento de Seguridad Nacional ha revocado algunas normas de la era Trump, abierto un proceso de consulta pública sobre procesos de naturalización y regresado a una versión de 2008 de las pruebas para solicitantes, considerada más accesible que las introducidas por Trump.
— Poner fin a la separación de familias y crear un equipo de trabajo para reunir a familias separadas en la frontera.
En proceso. Biden firmó decretos que ponían fin a esa práctica y creaban un equipo para reunificar familias. El equipo avanza despacio en la revisión de miles de registros.
— Ordenar una revisión del Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés).
No se ha ordenado ninguna revisión, pero el Departamento de Seguridad Nacional ha concedido el TPS a ciudadanos venezolanos y birmanos, lo ha ampliado para sirios y extendido un programa relacionado para ciudadanos de Liberia.
— Organizar una reunión regional con líderes de El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Canadá para abordar los factores que impulsan la emigración y proponer una solución regional de reubicación.
Aún no. La vicepresidenta Kamala Harris, a la que se ha encargado gestionar las causas de la emigración, ha hablado con los líderes de México y Guatemala, pero no se ha anunciado una reunión regional.
— Proteger a los llamados “dreamers”, jóvenes inmigrantes a los que sus padres llevaron a Estados Unidos de manera ilegal, y a sus familias reinstaurando el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés), una práctica de la era de Obama que les ampara ante una deportación.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo en marzo que su agencia emitiría una orden de “preservar y reforzar el DACA”, pero la medida afronta un desafío judicial en Texas que podría invalidar las protecciones para esos jóvenes inmigrantes.
— Garantizar que el personal del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés) y del CBP cumple estándares profesionales y rinde cuentas por cualquier trato inhumano.
Biden incluyó financiamiento de formación y para investigar malas prácticas en su ley de inmigración y en el presupuesto presentados al Congreso. Su gobierno ha afrontado preguntas sobre acusaciones de abusos en al menos un centro de Texas, que se están investigando.
— Poner fin a la detención prolongada de inmigrantes e invertir en un sistema de gestión de casos para procesar a la gente.
No se han anunciado nuevas inversiones en sistemas de gestión de casos. El gobierno sí presentó en marzo planes para liberar a padres y niños en 72 horas desde su llegada a Estados Unidos.
Las autoridades reconocieron después que cientos de niños habían pasado mucho más tiempo detenidos por la Patrulla Fronteriza debido a un aumento de menores no acompañados que llegaban en la frontera y a la falta de instalaciones donde alojarlos.
