A partir de este viernes primero de noviembre los hospitales públicos de Texas le preguntarán a sus pacientes si son ciudadanos o no a raíz de una orden ejecutiva del gobernador Greg Abbott que pretende calcular cuánto gasta el estado en la atención médica de pacientes indocumentados.
Esta decisión despierta controversia entre los profesionales de la salud. "Ni los doctores ni los hospitales estamos de acuerdo, pero si esa es la ley. Vamos a tener que hacerlo", admite el doctor Iván Meléndez.
Sin embargo, Meléndez entiende que identificar costos y tratar de buscar ayuda federal puede ser beneficioso. Pero no está conforme con esta orden ejecutiva.
Además, "el paciente puede dilatarse más tiempo en ir al hospital por miedo a tener un problema migratorio", advierte Meléndez.
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La medida no contempla repercusiones legales, como afirma el abogado de migración Alex Martínez. "No va ha haber cambios de quién va a recibir y quien no va a recibir ayuda", dice el experto.
Sin embargo, sí puede haber una repercusión indirecta y es que los indocumentados se cohíban de acudir a recibir servicios médicos.
"Creo que tiene más impacto en el nivel psicológico de nuestra comunidad, a diferencia del impacto que va a tener en cómo los pacientes van a obtener sus servicios", añade Martínez.
Esta medida no limita el acceso a servicios médicos e independientemente de si se es o no ciudadano, debe asistir a un médico en caso de considerarlo necesario.
"Nosotros los doctores y los hospitales, lo menos que nos importa es el estatus migratorio y repito que nadie va ha ser rehusado de por su estatus migratorio. A todo el mundo se le va ha dar servicio", afirma Meléndez.
En el Valle del Río Grande esta discusión ya ha generado tensiones y un indeseable escalamiento, como lo experimentó el doctor Meléndez cuando esta orden fue hecha pública en agosto.
"Yo recibí llamadas y amenazas de muerte. A mí me hablaron al hospital buscándome para asesinarme", recuerda el médico.
