Ginebra, SUIZA - El grave retroceso en los derechos de la mujer, las represalias contra la oposición, las voces críticas y las restricciones a la libre expresión han sumido a Afganistán en una "caída hacia el autoritarismo" tras un año de poder talibán, denunció este lunes el relator de la Organización de las Naciones Unidas(ONU) para ese país, Richard Bennett.
El primer relator especial para Afganistán, nombrado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para analizar la situación en ese país tras el relevo de poder en agosto de 2021, destacó ante ese organismo de Naciones Unidas que en los últimos doce meses la situación de las libertades fundamentales se ha ido deteriorando cada vez más.
"Los afganos están atrapados en una crisis de derechos humanos ante la que la comunidad internacional se ha mostrado impotente", lamentó el relator, quien poco después de asumir el cargo, el pasado 1 de mayo, visitó Afganistán y se reunió con representantes del gobierno talibán de facto, aún no reconocido internacionalmente.
LAS MUJERES SON BRUTALMENTE ATACADAS Y PRIVADAS DE SUS DERECHOS
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Bennett destacó en primer lugar la "asombrosa regresión" que mujeres y niñas sufren en Afganistán, un país donde "la mitad de la población sigue siendo ignorada y privada de sus derechos"."No hay otro país en el mundo en el que las mujeres y las niñas hayan sufrido una privación tan repentina de sus derechos humanos fundamentales sólo por su género", aseguró.
Ante el conflicto prolongado en el país, denunció los "brutales ataques" contra civiles por parte del Estado Islámico de Jorasán (la rama local del EI), pero también los abusos cometidos en el marco de los enfrentamientos entre los talibanes y la resistencia, especialmente en el área de Panshir (en el norte).
El relator ha recibido "informaciones sobre civiles sometidos a redadas casa por casa, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y torturas", abusos que en ocasiones presentan la forma de "castigos colectivos", denunció.
Bennett también subrayó que continúan las detenciones arbitrarias, las torturas -en ocasiones en prisiones extraoficiales- y las ejecuciones sin juicio de antiguos miembros del ejército y las fuerzas de seguridad afganas, pese a la amnistía declarada por los talibanes tras su toma del poder.
En resumen, hombres en representación de los talibanes utilizan la violencia contra la población civil, "actuando con aparente impunidad y creando una atmósfera de terror", denunció el relator de la ONU, antiguo representante de derechos humanos de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA, por sus siglas en inglés).
El experto también denunció la creciente persecución a minorías religiosas y étnicas, con ataques sistemáticos a lugares de culto pero también a centros sanitarios, educativos y transportes públicos, de los que han sido víctimas comunidades sufíes, sijs, hazaras o chiíes.
En esos dos últimos colectivos "algunos miembros han sido detenidos de forma arbitraria, torturados, ejecutados de forma sumaria, o se les ha echado de tierras tradicionales, sometiéndoles a impuestos discriminatorios", afirmó.
Bennett habló asimismo de un enorme retroceso de la libertad de prensa, con decenas de periodistas condenados a prisión, atacados, intimidados e incluso asesinados, mientras leyes cada vez más restrictivas para los medios han llevado al cierre de muchas cabeceras y una reducción de las actividades informativas.
El relator recordó asimismo el frecuente uso excesivo de la fuerza por parte de los talibanes para dispersar protestas, muchas de ellas encabezadas por mujeres, y que en ocasiones han sido respondidas con redadas en domicilio en busca de activistas a las que se detuvo y maltrató.
Todo ello se produce en un país en cada vez más grave situación económica, recordó Bennett, ya que las organizaciones de Naciones Unidas advierten que a finales de este año casi 19 millones de afganos, la mitad de la población nacional, podrían sufrir niveles agudos de inseguridad alimentaria.
El relator de la ONU subrayó que no ayuda a paliar la crisis el aislamiento que sufre el Banco Central de Afganistán por parte del sistema financiero internacional, que impide al país acceder a sus reservas de divisas y contribuye a que la economía nacional esté "al borde del colapso".
Uno de los síntomas de la pésima situación económica y derechos humanos son los cuatro millones de desplazados internos, denunció el relator, quien pidió especial atención a los límites que Afganistán pueda imponer a la salida al exterior de estos desplazados y el trato que puedan recibir como refugiados en países de acogida.
