SAN SALVADOR — Un juzgado salvadoreño envió el jueves a juicio al expresidente Mauricio Funes por casos especiales de lavado de dinero y activos por presuntamente haber recibido como supuesta dádiva una avioneta a cambio de un contrato público de $8.4 millones con una empresa guatemalteca.
Por el mismo delito, en agosto de 2022, su socio Miguel Menéndez fue condenado a ocho años de prisión, mientras el empresario Jaime Ramón Aparicio Mejía, fue procesado por cohecho activo.
“Contamos con 34 testigos que confirman la hipótesis fiscal. A cambio de dar este proyecto, él recibió un avión”, informó una fiscal del caso sobre la decisión de una jueza de San Salvador de ordenar la apertura a juicio y admitir las pruebas presentadas.
MAURICIO FUNES FUE PRESIDENTE DE EL SALVADOR ENTRE 2009 Y 2014
Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo McAllen aquí.
El expresidente Funes reaccionó en Twitter y la acusación alegando que la licitación fue declarada desierta
“¿Cómo es que la FGR me acusa de haber recibido un avión “King Air” en pago por otorgar a una empresa guatemalteca la construcción del puente San Isidro sobre el Lempa en el 2013 si la licitación fue declarada desierta?”, reclamó. De acuerdo con el Ministerio Público, el contrato “caducó” por incumplimiento.
Funes (2009-2014) enfrenta en ausencia siete procesos penales en El Salvador por lavado de dinero y activos, peculado, casos especiales de lavado de dinero, encubrimiento, agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes, cohecho activo y revelación de documentos secretos por empleado u oficial.
Pero su nacionalización nicaragüense desde julio de 2019 y asilo político en Nicaragua desde 2016 impiden su extradición.
Según el Ministerio Público, Funes recibió la avioneta Beechcraft King Air 90-TG ADL del guatemalteco Jaime Ramón Aparicio Mejía, representante legal la sociedad guatemalteca Servicios Calificados de la Construcción (Serdelco, S.A.), como retribución por la adjudicación de la construcción del puente San Isidro en marzo de 2013 por $8,4 millones.
“Esta avioneta es una dádiva que recibió el expresidente Mauricio Funes para otorgar la construcción de ciertas obras que no eran hasta cierto punto necesarias de su realización”, indicó la Fiscalía el 12 de julio de 2022.
La Fiscalía indicó que el exgobernante usó la aeronave en 16 vuelos para viajar a Estados Unidos, Costa Rica, Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Panamá entre el 28 de marzo de 2013 y el 31 de octubre de 2014; y que su socio Menéndez Avelar usó el avión en 47 vuelos a Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Honduras, Nicaragua y Guatemala, del 27 de junio de 2013 al 13 de septiembre de 2016. Ambos, según la versión fiscal, lo alquilaban a $1,300 la hora.
Una reforma penal aprobada el 21 de septiembre de 2022 permite realizar juicios con imputados ausentes, por lo que el exmandatario podrá enfrentar juicio sin su presencia el próximo 6 de marzo -cuando está convocada la audiencia- en otro caso que enfrenta, el más grande en su contra, por el presunto desvío de 351 millones de dólares de la partida presidencial de gastos reservados.
Funes también es procesado por agrupaciones ilícitas e incumplimiento de deberes al ser acusado de pactar beneficios a favor de las pandillas MS13 y 18, a cambio de la reducción de homicidios, junto al exministro de Seguridad David Munguía Payés.
En este caso, la Fiscalía sostiene que hay intervención a las telecomunicaciones en donde “de una forma categórica se habla de los eventos desarrollados en la tregua antipandillas y que efectivamente existió un acuerdo entre los miembros de las pandillas y el entonces ministro de Seguridad David Victoriano Munguía Payés con el beneplácito del presidente de la República”.
El exgobernante enfrenta, además, procesos por el pago de $108.5 millones a una empresa para la construcción de una presa hidroeléctrica, por la divulgación de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) que reveló el desvío de 10 millones de dólares donados por Taiwán por el fallecido expresidente Francisco Flores y por sobornos al exfiscal general Luis Martínez.
