CIUDAD DE GUATEMALA — Miles de guatemaltecos respondieron al llamado del presidente electo Bernardo Arévalo y se manifestaron pacíficamente el sábado en las calles de la capital del país centroamericano contra la fiscal general y los intentos por impedir que el líder progresista asuma el poder el 14 de enero.
Ondeando banderas del país, los manifestantes gritaron consignas frente al Palacio Nacional en la Plaza Constitución exigiendo la renuncia de la fiscal Consuelo Porras, a quién la víspera Arévalo responsabilizó de encabezar y fraguar un golpe de estado en su contra y de la persecución judicial a miembros de su partido el Movimiento Semilla, que lo llevó a ganar la presidencia en una segunda vuelta.
“Un caso fabricado, más falso que el doctorado”, gritaban algunos manifestantes en relación a la investigación contra Semilla y a las acusaciones de que Porras tiene un doctorado plagiado. “¡Renuncia ya!”, exigían.
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El viernes también se entregó en la fiscalía una lista ciudadana de más de 100,000 firmas recolectadas a través de una petición digital para exigir la renuncia de Porras.
El Ministerio Público, que dirige Porras —sancionada por el gobierno estadounidense por obstaculizar la lucha anticorrupción y socavar la democracia en el país— y a través de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad y su fiscal Rafael Curruchiche inició una investigación contra Semilla acusándolo de haber falsificado firmas para conformar su partido en 2018.
La denuncia pasó meses sin ser investigada hasta que Arévalo logró pasar al balotaje; fue cuando la fiscalía aceleró sus acciones y las encaminó contra el mismo partido, logrando que un juez ordenara suspender la personalidad jurídica del partido con el fin de que no pudiese participar en la segunda vuelta electoral.
Arévalo había ofrecido terminar con la corrupción e instrumentalización de la fiscalía con fines políticos.
La Corte de Constitucionalidad dijo que la suspensión emitida por el juez no podía realizarse debido a que la Ley Electoral y de Partidos Políticos ordena que ningún partido puede ser cancelado o suspendido mientras este el proceso electoral en marcha, el cual termina el 31 de octubre.
El sábado la fiscalía negó los señalamientos de Arévalo y dijo en un comunicado que se trataba de una “campaña de desinformación con el fin de generar desestabilización en el país y de interrumpir el período constitucional en el ejercicio del cargo de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público”.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales han rechazado las acciones de la fiscalía, las que consideran buscan minar el proceso electoral, la voluntad de la ciudadanía al elegir a Arévalo y por ende la democracia del país.
El viernes, el jefe de la misión de observadores de la OEA para las elecciones en Guatemala dijo al Consejo Permanente del organismo en sesión extraordinaria en su sede en Washington que impedir la toma de posesión de Arévalo rompería el ordenamiento constitucional y la voluntad ciudadana. Ésto por los insistentes intentos de desconocer los resultados electorales y los ataques judiciales realizados por la fiscalía contra Semilla.
Varios gobiernos, como el de Estados Unidos y de países de la Unión Europea, se han pronunciado ante la escalada de la judicialización del proceso y los ataques a Semilla, expresando preocupación sobre el deterioro del Estado de derecho en la nación centroamericana.
