Senadores de Texas buscan restringir el uso de cupones de alimentos para comprar refrescos y dulces, considerados poco saludables. Jairo Gallego con el reportaje.
HOUSTON - En un movimiento alineado con la iniciativa “Making America Healthy Again” impulsada por la administración del presidente Trump, el Senado de Texas aprobó el martes el proyecto de ley SB 379, propuesto por el Senador Mayes Middleton, que busca eliminar la comida chatarra y las bebidas azucaradas del programa de asistencia nutricional SNAP, conocido comúnmente como cupones alimentarios.
La medida, que ahora pasa a consideración de la Cámara de Representantes del estado de Texas, prohibiría específicamente el uso de beneficios SNAP para la compra de bebidas energéticas, refrescos, dulces, papas fritas, nachos de maíz y galletas empaquetadas listas para consumo.
“Este proyecto ayuda a garantizar que los cupones alimentarios no puedan usarse para comprar comida, chatarra y bebidas azucaradas que sabemos son perjudiciales y están enfermando a los texanos”, declaró el Senador Middleton tras la aprobación.
“Según el USDA, el 20% de los gastos alimentarios en hogares beneficiarios de SNAP se destinan a bebidas azucaradas, postres, snacks salados y dulces. Notablemente, solo las bebidas azucaradas representan el 9.3% de estos gastos”, añadió.
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De otra parte, el senador también denunció, durante la discusión de este proyecto, que “compañías de refrescos están pagando a influencers en línea para oponerse a este proyecto y mantener a los estadounidenses enfermos”.
La legislación contempla varias cosas tales como los productos lácteos, sustitutos de leche, bebidas para bebés, jugos sin azúcar añadido, productos recomendados por profesionales de la salud y otros alimentos con proteínas o fortificados con vitaminas y minerales.
“La comida chatarra financiada por los contribuyentes se convierte en atención médica financiada por los contribuyentes”, argumentó el Senador Republicano Middleton.
De ser aprobada, la ley entraría en vigor el 1 de septiembre de 2025, aunque las agencias estatales podrían solicitar exenciones federales si fuesen necesarias para su implementación.
